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Cerca de 27 mil alumnos pierden la gratuidad por atrasarse en carreras

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Por estos días vuelven a clases los estudiantes de la educación superior que cuentan con gratuidad. Muchos de esos jóvenes retornarán a las aulas con una preocupación más, pues se retrasaron en sus carreras y perdieron este beneficio.

La Ley de Educación Superior señala que la gratuidad dura solo el periodo formal de las carreras y que cuando un alumno se atrasa, paga la mitad del arancel y la otra mitad la paga el plantel. Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), alrededor de 27 mil alumnos perdieron el beneficio este año por atrasarse.

Eso hace que este grupo comience el año sumido en la incertidumbre. Paulina Díaz es estudiante de Ingeniería Civil en Minas en la U. de Santiago, donde más de 2 mil alumnos viven este problema. Cuenta que su carrera dura seis años y este es el séptimo, por lo que asumió que ya no tendrá el apoyo. Sin embargo, no ha recibido mayor información.

“Me atrasé porque estudio y trabajo, por problemas familiares que tuve, y en la universidad somos muchos en esta situación. En promedio, mi carrera dura nueve años, y de mi generación a lo más hubo dos compañeras que se titularon. El resto estamos atrasados”, describe.

Francisca Ochoa estudia Ingeniería Comercial en la U. de Chile y se encuentra en el mismo trance. Su carrera dura cinco años y se atrasó por motivos de salud, por lo que asume que perdió el beneficio aunque asegura que no ha sido notificada.

“Soy de Curicó y vivo en Santiago con mi mamá, que tiene un sueldo precario. Entonces, quizás tendré que endeudarme con un crédito para estudiar. Encuentro injusto esto, porque la inseguridad produce más estrés que el estudio. La gratuidad era algo especial, pero ahora no sé si seguiré estudiando”, plantea.

Revisión a la ley

El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, confirma que esos cerca de 27 mil alumnos no pueden continuar con el beneficio, pero destaca que el año pasado hubo 340 mil estudiantes favorecidos con esta política, de los cuales 130 mil la tuvieron por primera vez.

Además, recuerda que los atrasados pueden “optar al financiamiento a través de los créditos que ofrece el Estado”. Para acceder a estos beneficios deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que está disponible en www.fuas.cl o en www.gratuidad.cl, hasta el 14 de marzo.

Esta pérdida de la gratuidad fue precedida por una pugna entre el Mineduc y el Consejo de Rectores (Cruch), que tienen distintas interpretaciones de la restricción. La cartera establece que los años de retraso se deben contar desde 2016, cuando comenzó a funcionar el beneficio.

El Consejo, en tanto, cree que se tiene que contabilizar desde 2018, cuando entró en vigor la ley, por lo que los alrededor de 27 mil alumnos deberían mantener la gratuidad. “Creemos que la interpretación de la ley no permite diferenciar entre aquellos alumnos que hayan accedido a gratuidad antes o después de 2018”, responde Vargas.

No obstante, las instituciones creen que es urgente revisar el tema, porque también tiene consecuencias económicas: en el Cruch calculan que sus planteles dejarán de recibir $26 mil millones por esta situación.

Uno de los planteles más perjudicados es Duoc UC, donde 2.188 jóvenes perdieron la gratuidad. Su rector, Ricardo Paredes, cree que esos alumnos están “pagando las consecuencias de una mala legislación”.

“Si bien hay que poner incentivos para evitar que las carreras se alarguen, no se dio ningún tiempo para hacer los ajustes, porque para que los alumnos no se atrasen necesitamos darles apoyo a los profesores y modificar el currículum. Pero acá no hubo una transición”, recalca el académico, quien espera que se modifique la ley.

La U. del Biobío también se cuenta entre las más perjudicadas, con más de 1.600 casos. Su rector, Mauricio Cataldo, indica que el Cruch “está proponiendo que el período de cobertura se alargue en un año”, pues es normal que los estudiantes se atrasen. “Ya estamos conversando con los parlamentarios para sensibilizar sobre este tema”, anuncia.

Pamela Díaz-Romero, directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de la U. de Chile, donde hay más de 1.300 casos, concuerda en que hay que buscar una solución. “Las trayectorias educativas previas son determinantes en la duración de una carrera: los que vienen de colegios más vulnerables tienen duraciones más largas”, explica.

Díaz-Romero añade que para la política pública sería un despropósito no ayudar a estos alumnos a cumplir la última parte de sus carreras. “Ya completaron en promedio 12 semestres y no sería bueno permitir que abandonen sus estudios en este momento. Hay que abrir esta discusión ahora, cuando todavía no son muchos casos, porque cuando esta sea la realidad de todas las cohortes, no habrá ninguna institución que resuelva estos problemas”.

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