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Lucrando con el Dolor Ajeno: Investigación de Radio Camila TV, devela rentable negocio en el Cementerio General

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En vista que no hubo pronunciamiento ni tampoco fue concedida entrevista con el edil o algún otro representante de la municipalidad, se realizó investigación periodística en base a los hechos expuestos en la misiva publicada con fecha 14 de Diciembre de 2018, en exclusiva de Radio Camila TV.

Lee aquí: http://www.radiocamila.com/lucrando-dolor-ajeno-grave-denuncia-ex-funcionario-municipal-del-cementerio-general-los-angeles/

Para esto, se realizó entrevista tanto a funcionarios de la municipalidad como a familias afectadas, quienes relataron los siguientes hechos.

En Septiembre 2018, hubo retiro de documentación del cementerio, consistente en libro de reclamos, libros de exhumaciones, archivadores con comprobantes de pagos de años 2017 – 2018 y archivadores de contratos de obras de los 5 contratistas autorizados por la administración del cementerio general.

En base a esto, se pudo concluir que en los libros de reclamos, existen reiteradas quejas en contra de los contratistas, frente a las cuales no ha habido ninguna sanción. Estas sanciones están respaldadas en un decreto del año 1997, que NUNCA se ha hecho efectivo.

Peor aún, nunca ha habido un llamado a licitación que permita un transparente proceso de selección. Los contratistas no cumplirían ni con la documentación obligatoria que es requisito básico para su permanencia en el recinto, menos las personas que trabajan para ellos (certificados de antecedentes, contratos de trabajo, cotizaciones al día, boleta de garantía, etc. Lo que ha significado que ingresen personas de dudosos antecedentes). Tampoco emiten boletas o facturas por los pagos recibidos, lo que demuestra que tampoco tienen su situación tributaria regularizada.

También este libro da cuenta de reiterados robos dentro del recinto, que manifiesta una clara falta de seguridad dentro del mismo, una empresa de guardias poco eficaz y bajo control de los vehículos tanto particulares, de contratistas y del propio administrador que ingresan al recinto, ni tampoco de la procedencia de los materiales con los cuales se realizan las obras de construcción (no se les exige boletas, facturas ni órdenes de compra de respaldo).

Respecto a las exhumaciones, de acuerdo a lo que el mismo libro requisado mostraría, habría un gran número de ellas que no tiene registrado su respectivo número de resolución y además, por el reclamo específico de la familia de una menor la cual fue exhumada y trasladada sin la fiscalización del organismo pertinente, tal como lo indica nuestro código sanitario y más grave aún, en un terreno equivocado.

En cuanto a los comprobantes de pagos y a los contratos examinados, se pudo dilucidar, que existe una relación entre el pago de impuesto de construcción y el respectivo contrato, que claramente muestra una defraudación a las arcas municipales.

Esta situación se relaciona específicamente con una funcionaria de administración y un contratista en particular. Para mayor entendimiento, se indica que se debe pagar el 15% del valor que indica el contrato celebrado entre el contratista y el representante de cada familia.

En base a esto y como ejemplo para comprender la manera en que esta acción se realiza, revisar contrato de construcción n° 9075 – comprobante de pago n° 6410300; contrato 9099 (no se pagó el impuesto), así como muchos otros que se encuentra en poder de la administración municipal desde septiembre de 2018, como prueba de ello. Solo entre los años 2017 y agosto de 2018 se han defraudado alrededor de $4.000.000 solo por estos conceptos.

Ahora, tomando las graves denuncias realizadas por una carta de un ex funcionario, dada a conocer por Radio Camila TV,  se logró establecer que el tenor de ella es de conocimiento de la alcaldía y de la administración municipal.

Además, que los hechos denunciados en ella siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el eventual hostigamiento y presunto autoritarismo de la administración del cementerio, con el fin que el personal a cargo siga órdenes que claramente van en contra de la probidad de un funcionario municipal, ejemplo de ello,sería la ejecución de trabajos con materiales municipales y sustraídos de otros mausoleos, cuyo valor es cobrado por la administración del cementerio y el personal de confianza sindicado en la misiva.

Además, las exhumaciones ilegales autorizadas y ordenadas por la administración, como favor personal o con presumible pago de por medio con personal no apto para este tipo de diligencias, lo que llevó en más de una ocasión a la equivocación del sitio al cual se debían trasladar los cuerpos.

Esto derivaba en un nuevo movimiento del cadáver, con o sin conocimiento de las familias afectadas. Es más, con el fin de subsanar estos equívocos, una de las familias afectadas por la ocupación de uno de sus terrenos familiares, recibió en compensación el reemplazo por otros sitios nuevos de mucho más valor que los que tenían, cuya diferencia de valor, de alrededor de $800.000 tuvo que ser asumida por el municipio, en ves que por quienes eran los responsables.

Otro hecho de suma gravedad que se denuncia en la carta, es la utilización de materiales, herramientas e insumos de propiedad de la municipalidad, en la construcción, ampliación o remodelación de las casas particulares de las personas nombradas en ella. Se mencionan materiales que han sido retirados de bodegas por orden de la administración del cementerio y para justificar la ausencia de estos, se han simulados robos para poder respaldarse y el personal de seguridad de turno es despedido. Cabe mencionar que la empresa de guardia es contratada por licitación, pero seleccionada por el administrador del recinto.

Otro punto que no es menos importante, es que independiente al credo que se profese, este tipo de recinto es un lugar de respeto o debiera serlo. Sabido es por todos que la administración utiliza las oficinas para otros fines, que no corresponden moralmente a un campo santo y que se llevan a cabo durante las tardes, fuera del horario de atención, dónde personas ingresan en vehículos particulares con personas que no pertenecen al personal, aprovechando la carencia de cámaras de seguridad.

Por último, cabe mencionar, la disposición de todos o la gran mayoría del personal del cementerio, de las familias afectadas y de parte del personal municipal en declarar ante cualquier organismo competente que ponga fin a lo que para todos ellos se ha tornado una situación insostenible.

Claro es que por parte de quienes deben velar por la integridad, seguridad y probidad de este servicio, no han tomado medidas concretas para detener estos hechos ni para denunciarlos a las entidades que corresponden, ya sea las policías o ministerio público, para poder exigirle al personal involucrado, como al contratista en cuestión, una declaración de patrimonio (tanto a ellos como a cónyuges e hijos por el traspaso de bienes que pudieran haber en este tiempo en forma preventiva), movimiento de cuentas bancarias y cualquier diligencia tendiente a esclarecer los hechos y a determinar el monto defraudado al municipio.  Por otro lado, si las cosas han llegado a este punto es por la clara NULA fiscalización de la alcaldía, la administración municipal o la DAF, departamento del que depende el cementerio general.

No existen inventarios de patios, auditorias de contratos de construcción, fiscalización de obras en terreno, contabilización de terrenos disponibles y su equivalente en dinero, control de existencias de bodegas.

Absoluta falta de preocupación e interés por el área cementerio a pesar de tener las pruebas en las manos por tantos meses, peor aún, se está en vías de contratar personal de respaldo, quienes son familiares directos de las mismas personas mencionadas como participantes de estas irregularidades, lo que ya resulta impresentable y volvemos a la nula fiscalización de quienes tienen en su poder por tiempo más que suficientes, los antecedentes que detendrían el mal hacer del personal que ya no debiera estar en funciones.

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