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Mesa técnica propone 7 puntos para mejorar descentralización

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El proceso de descentralización ya está en marcha y alcanzará su punto más álgido a contar de octubre del próximo año, cuando las regiones prescindan de la actual figura del intendente y escojan de manera democrática a sus respectivos gobernadores regionales.

A fines de junio, y con el objeto de corregir algunos vacíos de las leyes de fortalecimiento de la regionalización y de regulación de la nueva figura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) -liderada en ese entonces por Felipe Salaberry- anunció el inicio una mesa técnica conformada por delegados de distintas bancadas parlamentarias.

A través de esta iniciativa se busca, por ejemplo, resolver ciertas dudas respecto a las facultades que asumirán tanto el gobernador regional como el delegado presidencial. También se pretende regular el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales. Este proceso se inició en febrero pasado y tiene como meta transferir tentativamente a 2022 un total de 15 competencias de cuatro ministerios.

Si bien en un principio se pidió culminar toda esta labor en un periodo no mayor a dos meses, el informe final aún no es entregado al Presidente. A la fecha solo hay un documento de 29 páginas que recoge, preliminarmente, las ideas trabajadas en esta mesa técnica.

A juicio de la diputada DC y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Joanna Pérez, este atraso ha estado directamente relacionado con la polémica salida de Salaberry.

En ese sentido, declaró que «sería lamentable que el nuevo subsecretario que llegue quiera borrar todo el trabajo que se ha hecho y que el mismo Gobierno ha ido validando al instalar esta mesa, al nombrar a los delegados y al sentarse a conversar. Creo que vale la pena considerar esta labor previa, aunque guste o no», precisó la parlamentaria.

POSIBLES MEJORAS

En primer lugar, el documento facilitado por Pérez plantea la poca claridad respecto al traspaso de competencias por parte de los ministerios y los servicios públicos a los gobiernos regionales.

Para mejorar este aspecto, la mesa técnica propone que la Subdere, en conjunto con la Dirección de Presupuesto (Dipres), los respectivos ministerios y los gobiernos regionales evalúen y resguarden la correcta implementación de este proceso.

En esta línea, se busca crear además un reglamento que regule este procedimiento administrativo de evaluación y la capacitación de los equipos locales que reciban la competencia.

Respecto a la revocación de competencias, el documento establece que aquellas que sean de naturaleza definitiva y que no sean ejercidas eficientemente por los gobiernos regionales puedan ser anuladas mediante la dictación de una ley particular. Esto, ya que hoy la normativa solo permite revocar transferencias temporales.

Otro punto analizado en el informe preliminar dice relación con el traspaso de funcionarios a la hora de ceder competencias concluyentes. En este acápite, los representantes de la mesa postulan que, en caso de ser necesario, el personal de un ministerio o servicio público puede ser enviado al gobierno regional respectivo «respetando todos sus derechos adquiridos por el ministerio o servicio de origen; contar con la anuencia del o los funcionarios a traspasar y, efectuarse mediante acto administrativo fundado».

GOBERNADOR V/S DELEGADO

Según se desprende del informe, la mesa técnica advierte posibles controversias una vez que se encuentren en su cargo el gobernador regional y el delegado presidencial, figura que dependerá directamente del Ejecutivo.

Ante la falta de un mecanismo que dirima eventuales diferencias, los integrantes de la mesa plantearon la necesidad de avanzar en el plano legislativo, «precisando las competencias de ambas autoridades en cada una de las leyes que hace referencia a la antigua figura de los intendentes».

También se busca una mayor participación de la Contraloría General de la República y hasta la creación de un organismo colegiado capaz de resolver las diferencias, como por ejemplo un «Panel de Expertos de Controversias Regionales».

En cuanto a la unidad de control que regirá la gestión, administración y buen uso de los recursos dentro de los gobiernos regionales, el informe propone que la jefatura de esta unidad sea seleccionada vía Alta Dirección Pública y que se mantengan las facultades de control y auditoría interna, aunque «debe suprimirse el deber de representar a la autoridad, sin perjuicio de la obligatoria comunicación de los hallazgos al Consejo Regional».

Finalmente, y dado que la normativa no establece causales claras que permitan acusar constitucionalmente al gobernador regional, la mesa técnica de descentralización expuso, en primer lugar, reformar el artículo 52 de la Constitución Política para incorporar aquellas causales. Asimismo, planteó que los motivos de acusación referidos a los gobernadores sean exactamente los mismos para los delegados presidenciales.

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