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Transparencia envía oficio con recomendaciones a municipios por viajes y viáticos de funcionarios.

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Solo durante 2017, los municipios de todo el país gastaron más de US$14 millones en viáticos para alcaldes y concejales, los cuales viajaron más de 12 mil 300 veces, representando un alza de 8% respecto al año anterior, según cifras de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).

Esto ha generado cuestionamientos desde diversos sectores, por lo que el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, tras una resolución del consejo directivo, envió un oficio con recomendaciones para los municipios del país en esta temática.

Así, Drago recomendó “a los miembros de los concejos municipales cumplir con altos estándares de transparencia, respecto de su quehacer, de cara a una ciudadanía que hoy demanda mayor transparencia, uno de los elementos críticos para recuperar la confianza de las personas en el Estado”.

“No basta con publicar aquella información que se señala en la ley, debemos avanzar más allá, elevar los estándares de transparencia y probidad entregándole a las personas la información necesita, conocer en qué se están gastando los recursos públicos, y así ir eliminando esas brechas entre las personas y el Estado”, agregó.

En ese sentido, el organismo destacó que dentro de las sugerencias figuran “poner a disposición íntegramente los actos administrativos dictados para el cumplimiento de tales fines, como el acta del consejo municipal en donde conste el acuerdo de la autorización dada al miembro del consejo, para ausentarme por motivos de viaje”.

Asimismo, cuando se trata de invitaciones a charlas o seminarios, la institución sugirió informar al público los documentos que detallen la programación del acto, las fechas, lugar y costos eventuales del mismo, así como también publicar la rendición de cuentas.

En tanto, si el viaje fue costeado por otro Estado u organismos internacional, se aconsejó publicar la información que dé cuenta de tal hecho, como la identificación de quién costeó el viaje y qué fue lo costeado.

Mientras que la Ley de Probidad, continuó, “expone ante la ciudadanía las declaraciones de intereses y patrimonio de miles de funcionarios públicos, por lo que es obligación contar con altos estándares de cumplimiento, dar un paso más y transparentar cada gestión y acto administrativo”.

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