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VíaInclusiva: Acusan que multas de Ley de Inclusión incentivan más el pago de la sanción que contratación del 1% de personas con discapacidad en grandes empresas

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Según establece la Ley de Inclusión, las empresas de 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de su planilla de trabajadores para personas con discapacidad, eligiendo o combinando las siguientes modalidades: la contratación directa, la tercerización de servicios a través de empresas que tengan funcionarios con discapacidad, o mediante la donación a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social que fomentan la inclusión laboral.

Sin embargo, la efectividad de esta política pública está en peligro según el diagnóstico que han realizado una serie de organizaciones ligadas a la discapacidad.

En marzo recién pasado, la Dirección del Trabajo estableció una escala de multas para las empresas que no cumplan con la Ley de Inclusión. Esto significa que las empresas infractoras que tengan hasta 199 trabajadores deben pagar una multa de 40 UTM (cerca de $1.900.000), mientras que las que tengan 200 o más trabajadores deben pagar hasta 60 UTM. Ambas, por cada mes en infracción.

“60 UTM mensuales son casi $2.900.000. Esto significa que para aquellas empresas con más de 500 trabajadores va a ser más conveniente pagar la multa que contratar o ejecutar alternativamente”, explica a #VíaInclusiva María José López, directora ejecutiva de la Fundación ConTrabajo.

Un ejemplo de esta situación con el que diversas fundaciones han explicado el problema es el siguiente: para una empresa de 1000 trabajadores, el costo de la sanción por incumplimiento será de 60 UTM aproximadamente $2.910.180, un 54,4 % más bajo que el costo estimado para contratación mensual de diez personas con discapacidad (unos $6.383.930). Asimismo, calculan, la multa sería un 51,7% menor al costo de la ejecución alternativa (equivalente a $6.020.000, dos ingresos mínimos mensuales por persona no contratada).

De acuerdo a López, “esto es gravísimo, porque a medida que aumenta el número de trabajadores de la empresa, es mayor la brecha. Por ejemplo, hay un ahorro al pagar la multa de un 5% para empresas de 500 trabajadores, pero hay un ahorro de casi el 98% en relación a la contratación o ejecución alternativa para empresas con más de 20 mil trabajadores”.

“En general esto va a significar que se van a reducir los puestos laborales disponibles para personas con discapacidad y se va a incentivar el pago de la multa por sobre el cumplimiento”, subraya.

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